En el entorno financiero actual, el cumplimiento normativo no es estático. Desde el 1 de abril de 2026, toda institución que administre bases de datos con información de personas físicas en México tiene la obligación legal de estar interconectada con la Plataforma Única de Identidad (PUI).
La PUI es una infraestructura tecnológica del Estado mexicano operada por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), bajo la rectoría técnica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Fue creada mediante el Art. 12 Bis de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP), cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025.
Su propósito central es conectar bases de datos públicas y privadas para ayudar a localizar a las más de 115,000 personas desaparecidas registradas en el país. No es una base de consulta masiva: es un sistema descentralizado en tiempo real que alerta a las autoridades si una CURP vinculada a un reporte de desaparición genera actividad en tus sistemas. Además, fortalece la prevención de lavado de dinero (PLD/FT) y evita el uso de identidades falsas.
Los Lineamientos de la PUI (DOF 27/11/2025) definen 11 sectores obligados. Si tu organización administra registros de personas físicas y maneja su CURP, estás dentro del radar. Los principales sectores son:
El gobierno no accede libremente a tu base de datos. Tu infraestructura expone sus propios endpoints y responde de forma automatizada mediante un modelo Webhook que opera en tres fases estrictas:
Para garantizar la seguridad jurídica y tecnológica, el Manual Técnico v1.0 (DOF 23/01/2026) exige implementar y certificar estándares rigurosos de ciberseguridad:
/activar-reporte, /notificar-coincidencia, /busqueda-finalizada y /desactivar-reporte.Ignorar este mandato conlleva un altísimo riesgo operativo y financiero. El Art. 43 Bis de la LGMDFP estipula multas de 10,000 a 20,000 veces el valor diario de la UMA. Con la UMA 2026 fijada en $117.31 MXN, las sanciones equivalen a entre $1,173,100 y $2,346,200 MXN por cada infracción. Estas multas son aplicadas directamente por la SEGOB vía RENAPO , además de exponer a tu institución a observaciones graves por parte de la CNBV y la pérdida de confianza ante fondeadores institucionales.
Para las SOFOMES y Fintech, desarrollar estos módulos desde cero o recurrir a la «triangulación con terceros» duplica los costos de TI, fragmenta la responsabilidad legal y dificulta las auditorías regulatorias ante la SEGOB.
Si ya eres cliente de SIAC, la tranquilidad técnica está garantizada. Los endpoints, el modelo Webhook, los protocolos de cifrado avanzado (JWT, AES-256-GCM, TLS) y la trazabilidad para auditorías ya forman parte nativa de la plataforma que utilizas todos los días. Al ser una infraestructura delegada, te olvidas de reinvertir en tecnología ante futuros cambios del Gobierno Federal. Lo único que debes gestionar es tu registro ante RENAPO con la Llave MX de tu representante legal y firmar el convenio ; del resto se encarga SIAC.
Si aún no operas con nosotros, ponemos a tu disposición una solución integral y directa para conectar tu negocio de forma inmediata, sin complicaciones ni costos ocultos.
Con más de 20 años acompañando a las financieras en México y más de 600 clientes institucionales, en SIAC respaldamos tu operación bajo los más altos estándares legales y tecnológicos. 👉 Escríbenos a info@siac.com.mx o clientes@siac.com.mx, visítanos en siac.com.mx y solicita una asesoría personalizada para asegurar el cumplimiento total de tu SOFOM ante la PUI y las disposiciones de PLD.
La llegada de la PUI 2026 evidencia que la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo han dejado de ser procesos administrativos aislados para convertirse en el núcleo de la resiliencia corporativa. Adoptar estas tecnologías de interconexión directa no solo blinda a las instituciones contra contingencias financieras severas, sino que las consolida como actores transparentes y confiables en un ecosistema financiero que exige, cada vez más, una profunda responsabilidad social.
